JP Rivera-Ibarra, Economía y Ambiente

2009-03-01T19:47:00.001-08:00

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Muchas Gracias

2009-02-15T09:00:00.000-08:00

Impacto Ambiental de un desastre natural

Tomará meses poder estimar un valor económico del impacto ambiental del terremoto de Cinchona.

Revista Poder, Febrero 2009

Las maneras en las que funciona nuestro planeta son, aun hoy en día y con todos los avances tecnológicos, muchas veces incomprensibles para nuestra humanidad.

Así sucede con los eventos sísmicos. Comprendemos su mecánica: el cómo y el porqué se dan, su potencial destructivo e inclusive –eso sí– con importantes grados de imprecisión, el dónde ocurrirán. Sin embargo, no somos capaces aún de predecir cuando sucederán.

Este duro recordatorio lo recibimos ese jueves soleado. Mientras que para la mayoría de habitantes los 15 segundos que duró el sismo del 8 de enero fueron momentos de cauto temor, para centenares de personas en el centro del desastre esta fracción de minuto significó la pérdida de sus bienes, de su entorno y en tristes casos, de sus familiares.

Más allá de los principales y más lamentables efectos directos del terremoto, una característica que quedará en la memoria colectiva es la modificación del entorno que unas horas después pudimos apreciar.

Los movimientos sísmicos fuertes producen, bien es sabido, una serie de modificaciones geomorfológicas: en términos sencillos, el relieve terrestre cambia abruptamente. En esta ocasión, la severidad de estos impactos se pueden traducir en una sencilla expresión: algunas montañas se desplomaron.

Y a partir de que esto ocurrió, en varios lugares que previamente se sabían susceptibles a movimientos erosivos el entorno y paisaje se modificaron de manera drástica y permanente. Con ello, ¿qué impactos ambientales se derivan de este desastre natural?

En primer lugar, es válido preguntarse si per se un terremoto genera un impacto ambiental. La respuesta es que probablemente si, aunque no en todos los casos ni con la misma magnitud. La flora y fauna de las zonas en cuestión se ven alteradas, los ríos sufren modificaciones en sus cauces y en la calidad del agua que transportan y en general, los beneficios que la sociedad extrae del ambiente se ven mermados.

Estimar los impactos ambientales de un desastre como el del 8 de enero no es una labor sencilla: equivale, tal y como lo hemos comentado en otras ocasiones en este mismo espacio, a encontrar un valor monetario de recursos o beneficios ambientales que a priori, no lo tienen…para mayor claridad, imagine que la cuestión de fondo es cuál es el precio hipotético de las montañas (y todo lo en ella había) que se deslizaron.

El impacto ambiental no se limita a la pérdida física en sí (bosques, biodiversidad) pero principalmente a la disminución de los flujos económicos directos que genera el ambiente: turismo, captación de agua potable y pérdida de recursos naturales productivos (pastizales, sembradíos, animales de crianza, etc).

Para complicar el análisis (e incrementar el valor potencial del daño ambiental), otras consecuencias indirectas pueden ser también enumeradas, y seguramente, representarán una parte mayoritaria de la pérdida de beneficio ambiental para el país.

Por ejemplo, encontramos la pérdida de potencial de secuestro y captación de dióxido de carbono y consecuentemente, la liberación inmediata de este gas a efecto invernadero.

Otro caso, quizá más fácil de traducir económicamente, es que a partir de los deslaves que acompañaron al movimiento sísmico, el ICE perdió momentáneamente buena parte de la capacidad de generación hidroeléctrica que ofrecía el río Sarapiquí. Esto tiene un doble impacto económico-ambiental: el país deberá compensar esa energía con generación térmica, más costosa y más contaminante.

De acuerdo a la planificación del ICE, la planta hidroeléctrica Cariblanco debía generar en este 2009 329 Gwh. Esto apenas representa un 4% de toda la hidroelectricidad que se debe producir en el país pero, de sustituirse en su totalidad por generación térmica (¿qué otra alternativa en el corto plazo?) esto se traduce en un incremento de casi 30% de la generación eléctrica vía esta fuente.

Habrá que esperar además que las evaluaciones hídricas puedan completarse para poder apreciar si el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Sarapiquí habrá variado como consecuencia de los cambios en los cauces y caídas de los ríos que la componen, lo que podría afectar tanto la planta de Cariblanco como los proyectos Toro (II y III).

Otra posibilidad, para agravar el panorama, es que materiales almacenados como residuos en las industrias afectadas (mayormente pequeñas agroindustrias) puedan afectar de manera permanente los acuíferos de la zona, principalmente en los acuíferos de tipo continentales Poás y Colima-Barva que se sitúan en la región.

Por último, será necesario la creación de nueva infraestructura (carreteras, puentes, industrias) que, indispensables para reactivar la economía local, podrían acarrear otra serie de impactos ambientales.

Como se aprecia, son múltiples los daños ambientales que se reflejan, como bien hemos enfatizado anteriormente, en una pérdida neta de bienestar tanto para las comunidades afectadas como para el país en general.

Finalmente, cabe preguntarse si ante tal magnitud y tal diversidad de efectos, el valor del impacto ambiental del terremoto del 8 de enero es incalculable. Quizá no, pero tomará meses estimar un valor medianamente confiable.

2009-01-15T09:00:00.000-08:00

¿Conflicto entre desarrollo y ambiente?

Revista Poder, Enero 2009

Al iniciar este año una serie de desafíos se posan sobre nuestra colectividad y muchos de ellos –cuando no la totalidad- conllevan implicaciones en materia ambiental.

Por lo pronto, parece oportuno señalar algunos de los más notorios (según mi criterio) sin pretender por ello efectuar un listado exhaustivo de la multitud de iniciativas, proyectos y actividades que con cierto grado de premura deberán atenderse en el país.

Durante este 2009, como sociedad deberemos tomar una decisión sobre la conveniencia o no de la actividad minera, las medidas para disminuir la dependencia de combustibles fósiles en transporte (que sin embargo se verán desincentivadas por la baja coyuntural en el precio del petróleo), la adecuación de varias normativas que requieren actualizarse (como la Ley de Recurso Hídrico) o el nacimiento de nuevas normas imprescindibles como la Ley general de Desechos Sólidos que se discute en la Asamblea Legislativa.

Igualmente, tendremos que decidirnos de una vez por todas a acelerar los megaproyectos de infraestructura, especialmente los proyectos hidroeléctricos de gran escala que son beneficiosos e imprescindibles a una escala nacional.

Ya tendremos ocasión, durante los próximos meses de abarcar a profundidad estos y otros temas relevantes que se perfilan en la agenda nacional y ambiental para este 2009.

A modo de reflexión inicial para este nuevo año, quisiera aportar un breve comentario sobre el principal desafío –de orden mental y que cubre al resto- para estos próximos meses.

El 2008 permitió identificar un conflicto ideológico y conceptual que separa a los tomadores de decisión en todos los ámbitos. Cómo hace tiempo no se percibía, se ha promovido una idea en particular y es que el poder ejecutivo actúa con poca sensibilidad ambiental y que el interés primario del Gobierno consiste en asegurar que la inversión –tanto nacional como extranjera- no se vea frenada por consideraciones ambientales excesivas.

Esta afirmación ha sido señalada, en otros términos pero con la misma connotación por el Presidente en varias oportunidades, especialmente en ocasión del intenso (mas breve) debate sobre la Mina Las Crucitas.

Y de esta manera, tanto diputados -iniciando por la propia bancada oficialista-, como activistas ambientales han declarado su inconformidad con una promesa que consideran rota: Paz con la Naturaleza.

Esta disputa no es ni novedosa ni extraña. Ciertamente, como se señala con frecuencia –y nosotros mismos lo hemos hecho en este espacio- el desarrollo económico no debería verse como antagónico a una adecuada condición ambiental.

Me parece que en el caso de nuestro país, esta fórmula se aplica y al efectuar una suerte de agregado de todas las iniciativas de inversión y del conjunto de actividades económicas que lleva la nación a cabo, concluiríamos que han existido mecanismos de compensación y protección hacia el ambiente que nos garantizan, en mayor grado que países con similitudes socioeconómicas, una base de eso que podríamos llamar desarrollo sostenible.

Inclusive, Costa Rica ha sido considerada como la quinta nación del mundo en calidad ambiental, en la medición que han desarrollado conjuntamente institutos de Yale y Columbia, en los Estados Unidos. Claro está, mal haríamos al contentarnos con el resultado sin antes entender la composición del indicador, las consideraciones y el peso de componentes en los cuales somos “naturalmente” favorecidos, tales como biodiversidad y disponibilidad hídrica, lo que nos permite partir de una base superior en el escalafón.

Con todo y todo, en términos generales, la apreciación mediática de finales del 2008 sobre el divorcio inminente del desarrollo económico y el aspecto ambiental no corresponde a la realidad que hemos fraguado desde mediados del siglo anterior y que nos posiciona internacionalmente como un país con buenas perspectivas ambientales.

Lo que si es cierto, es que a un nivel micro, es normal que exista una disyuntiva especialmente en el corto plazo entre la actividad humana y la calidad ambiental. Y cuando estas disyuntivas se mediatizan generan varios efectos. Sin duda, un primer efecto positivo es que revitaliza el debate nacional entorno a temas que durante ciertos periodos pueden parecer secundarios como el propio tema ambiental. Otro efecto sin embargo, un tanto más ambiguo, es similar al efecto que crean los medios sobre la violencia: mayor mediatización de la violencia genera quizá no más violencia en sí pero definitivamente una percepción de mayor inseguridad. En la dimensión ambiental que analizamos, sucede lo mismo: al sumar tres conflictos puntuales por ejemplo (Minería, Baulas y Sardinal por citar algunos) se genera una percepción de conflicto general y permanente.

Es aquí dónde se debe comprender, que en un nivel micro –que normalmente se traduce espacialmente en un nivel local- siempre va a existir cierta tirantez entre las actividades humanas y los impactos que ella generan.

Nuevamente, el mensaje es que estas tensiones no son novedosas ni perjudiciales per se. Lo que si puede resultar perjudicial es eludir el debate y obviar la existencia de parámetros técnicos entorno a las implicaciones ambientales versus los potenciales beneficios económicos y sociales.

Esto pasa por la aceptación de un principio básico: algunos proyectos son necesarios para un gran número de habitantes, ya sea de un cantón, de una provincia o hasta de un país. Cuando esto ocurre, la medición del impacto ambiental debe verse como un referente que nos permita tomar las medidas de adaptación y mitigación de los daños previsibles. Es el caso por ejemplo, de los proyectos hidroeléctricos. Su impacto inmediato, de grandes proporciones, es asumido por los pobladores de las comunidades impactadas (piense en los lugareños que deben ser desplazados en el caso de un embalse de grandes proporciones como el Proyecto Díquis).

Esta afectación de unos en beneficio de una colectividad se traduce en una transferencia de bienestar: así, quienes disfrutaremos del beneficio de las obras tendremos que reconocer que existe un impacto y ese reconocimiento no puede ser simbólico mas debe conllevar una compensación por esa transferencia.

En materia ambiental, la aplicación de esta lógica de análisis costo-beneficio conlleva la monetarización de la calidad ambiental y consecuentemente, el otorgar un valor económico (que en la práctica asuma una forma de precio) por “activos” naturales. Sin embargo, esto es un proceso complejo y que lleva implícita una fuerte carga antropocéntrica. Los economistas ambientales tenderemos a defenderlo sin embargo, a condición de que todos esos impactos puedan ser en primer lugar censados y en segundo lugar correctamente valorizados.

No debe pensarse en que esta lógica aplica solamente para un “lado” (el desarrollo de proyectos). Todo lo contrario, siguiendo el mismo análisis, es posible visibilizar ciertos beneficios ambientales que a primera vista son excluidos del análisis: esto es por ejemplo, el valor económico que la tortuga baula le genera al ecosistema o el valor económico del coral de Puerto Viejo. En ambos casos, es posible concluir que la alternativa de actividad humana (desarrollo inmobiliario y creación de una marina respectivamente), aunque muy rentable para unos, se traduce en una pérdida de bienestar para la mayoría.

Como conclusión, el tema no es si existe un conflicto entre desarrollo y ambiente. Plantearlo de esta manera, al menos en nuestro contexto, equivale a generalizar una diversidad de impactos, tanto positivos como negativos que genera en el entorno natural las actividades económicas. El conflicto no es general sino puntual y en muchos proyectos siempre estará presente: así, más que un conflicto es una disyuntiva que en cada caso, se soluciona de manera diferente y particular bajo una misma premisa: el ambiente, tanto como el aspecto económico y social, genera bienestar a la sociedad.

2008-12-15T09:21:00.000-08:00

¡Baulas sí!

Revista Poder, Diciembre 2008

El Parque Nacional Marino Las Baulas (Guanacaste) es reconocido como un área clave de anidación de la baula, la tortuga marina de mayor tamaño. Se considera el cuarto sitio de desove en el mundo y el primero en importancia en el pacífico oriental; estudios científicos señalan que la supervivencia de la especie –clasificada en peligro crítico de extinción- en esta vasta extensión oceánica, depende en buena medida de que las tortugas puedan seguir anidando principalmente en las costas de Playa Grande.

Siendo un Parque Nacional y motivado por la consideración anterior, un proceso de consolidación del área terrestre se encuentra en marcha. Esto implica, claro está, que el Estado lleve a cabo algunas expropiaciones. Ciertos grupos, abiertamente liderados por los propietarios de los terrenos expropiables, han manifestado su oposición a este proceso argumentado que el proyecto de consolidación del Parque es perjudicial para la sociedad en general.

La oposición se ha establecido en dos niveles: el primero consiste en cuestionar los límites reales del Parque. Ciertamente, el artículo primero de la ley que lo creó comprende dos párrafos que se contradicen en cuanto a la ubicación geográfica del sitio. Pese a ello, varias opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República han determinado que el Parque comprende, además del área dentro del mar, los 50 metros de zona marítima (de por sí inalienables) más 75 metros adicionales tierra adentro. Así lo ha confirmado en diversos votos la Sala Constitucional. Privando esta última interpretación, lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente se constituye en un mandato jurídico expreso: las expropiaciones se deben realizar.

Ante esto, ha surgido un segundo frente de oposición a la consolidación del Parque: las expropiaciones resultan muy costosas para la sociedad y ante ello, una alternativa es modificar los límites del Parque. Un par de proyectos de ley, ambos presentados por el Diputado Sánchez del PUSC buscan este objetivo. La justificación es que las condiciones de anidación de la tortuga baula no se verán alteradas si se permiten construcciones de bajo impacto, algo que en este momento no es posible en los 125 metros tierra adentro que componen el Parque. Esta idea, no obstante, contradice decenas de opiniones científicas.

El diputado Sánchez argumenta además, que resulta inconcebible que el Estado Costarricense tenga que desembolsar $700 millones de dólares para pagar estas expropiaciones. Sin embargo, a mediados de año se concluyó un estudio económico -elaborado por quién suscribe este artículo- que demuestra sin ambages que esta cifra está fundamentada en un análisis poco científico y parcializado. Las declaraciones del señor Diputado –y los famosos $700 millones de dólares- se siguen dando a pesar que los resultados de dicho estudio estuvieron en manos de la Comisión de Ambiente que analiza los proyectos. El análisis económico concluye que el “techo” de las expropiaciones sería cerca de 50 millones de dólares. Lo curioso, que se desprende también del estudio, es que los terrenos expropiables en la actualidad tienen un precio de mercado muy inferior al precio que recibirían los dueños al ser expropiados, quiénes entonces terminarían recibiendo hoy más dinero por sus terrenos que si trataran de venderlos en el mercado inmobiliario.

Volviendo al costo agregado, aunque el mismo se estime ahora en 50 millones de dólares como límite superior y no en los 700 “iniciales”, muchos concordarán que se trata de mucho dinero.

Aquí es donde entra en juego el análisis de los beneficios. En esta dimensión, algunos estudios previos desde mediados de los años noventa han considerado los diferentes beneficios sociales, económicos y ambientales que se derivan del Parque. Notablemente, se consideran los servicios ambientales que brindan las tortugas baulas, desde sus manifestaciones más evidentes como el servicio turístico hasta las consideraciones más sutiles y difíciles de estimar como el aporte fundamental de la especie al ecosistema marino, de dónde también es posible, utilizando diversas metodologías económicas derivar un valor monetario. En su agregado, una actualización de dichos estudios da como resultado un valor total estimado para el Parque Marino Las Baulas que ronda los 98 millones de dólares, valor entonces superior a los 50 millones de dólares que costaría de manera directa el proceso de consolidación del Parque. Es decir, existe un beneficio neto positivo para la sociedad. Si se viera como una inversión, diríamos que por cada dólar invertido en la consolidación estaríamos asegurando dos dólares como parte del conjunto de flujos de servicios ambientales y económicos que provee tanto la tortuga como el Parque en sí.

Hay que reconocer que los costos de consolidación no consideran el costo de oportunidad de futuros desarrollos y construcciones, con toda la riqueza que ello pueda generar en términos económicos. Pero tampoco estiman los costos inherentes a un incremento en la actividad humana especialmente los potenciales impactos ambientales. Además, la estimación de los beneficios no involucra el valor intangible de algunos de los servicios que el sitio y la tortuga marina proveen al ecosistema y otros beneficios indirectos que el animal le genera a la sociedad (la tortuga es un regulador de especies marinas –por ejemplo las medusas- que generan impactos negativos en el turismo y la pesca), lo que subestima el valor económico del Parque.

Al momento de la redacción de este artículo, no estaba clara la suerte definitiva de los proyectos de disminución del área terrestre del Parque Marino Las Baulas en la corriente legislativa: aunque en un inicio se creyeron desechados, existe una fuerte presión para retomar las iniciativas y enviarlas a discusión al plenario.

Reducir los límites del Parque sentaría un mal precedente, por múltiples razones. Primero porque el artículo 38 de la misma Ley Orgánica del Ambiente señala que un área protegida podrá reducirse únicamente vía Ley de la Repúplica “después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. Eso no se ha producido. Segundo, se estarían obviando decenas de opiniones científicas respecto de porque al consolidar el Parque se incrementan las posibilidades futuras de supervivencia de la Tortuga Baula, razón fundamental de creación del Parque. Tercero, porque se estaría partiendo de premisas económicas falsas y parcializadas: un análisis de costos –falaces- sin considerar los beneficios que impone la existencia de la tortuga a la sociedad. Y cuarto, porque a todas luces -utilizando como argumento el costo social que conlleva la consolidación- las motivaciones de la disminución del área responden a intereses particulares (legítimos sí) pero lejanos al interés colectivo que debe privar en estas decisiones.

Por último, combinándolo con el análisis de costo-beneficio que los economistas promovemos, es justo reconocer que se podría invocar un imperativo moral: ¿nos toca a nosotros, a cierto nivel razonable de costos –e independientemente de los beneficios que nos reporte- acometer las acciones en procura de proteger este recurso, esta especie? Yo creo que sí.

2008-11-15T09:28:00.000-08:00

¿Barak Obama marca el inicio de una nueva política ambiental en los Estados Unidos?

“Este no es el futuro que quiero para mis hijas. Este no es el futuro que ninguno de nosotros quiere para sus hijos. Y si actuamos ya y actuamos firmemente, no tiene porque serlo”

Barak Obama, Octubre del 2007

Revista Poder, Noviembre 2008

No sería sincero ocultar un hecho innegable: a los ojos de una gran mayoría de habitantes del mundo, pocos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos habían generado tal expectativa y tal simpatía. Esto, más que un punto anecdótico del recién concluido proceso electoral norteamericano, marca otro hecho incontestable: el mundo espera mucho del nuevo presidente de la denominada nación más poderosa del mundo.

Barack Obama representa en muchos temas la ruptura con el conservacionismo y unilateralismo que por muchos años, pero especialmente después del 9-11 caracterizaron al gobierno republicano de Bush. Y como parte de ese conjunto de temas vinculados a la política exterior, aparece de manera estelar la política ambiental.

Con el posicionamiento de los estudios científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), el mundo entero no duda en señalar con el dedo acusador a la nación del norte por la manera en que durante años ha desdeñado las acciones multilaterales para reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, principal causante antropogénico del cambio climático.

Y es que si bien Estados Unidos cuenta con una eficaz legislación ambiental para procurar justamente un entorno sano a lo interno de su país, poco ha hecho por mitigar la afectación global que sin duda, viene dada por su desproporcionada tasa de emisiones per capita de estos gases, especialmente de CO2. Anualmente, el país emite cerca de 6,000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (Departamento de energía de USA), un 20% de las emisiones totales del mundo. Esto equivale a una media de 20 toneladas de CO2 al año por habitante, mientras el promedio mundial es de 4.3 (para Costa Rica, esta relación se estima en 1.3 toneladas métricas por año por habitante). La dificultad para reducir estas emisiones en el corto y mediano plazo ha provocado que hasta ahora, Estados Unidos no haya ratificado el Protocolo de Kyoto, aunque evidentemente muchas otras razones fueron esgrimidas por las anteriores administraciones (que incluyen las dos de Bush, pero también la última de Clinton).

Más allá de una cuestión de escala que se explica por las necesidades productivas y de consumo propias de la economía más grande del mundo, Estados Unidos es junto con China, el co-principal generador de CO2 del planeta, porque no ha podido -ni querido- migrar a una economía energéticamente más eficiente.

Contrariamente a otras naciones desarrolladas, los estadounidenses mantienen un sistema de generación eléctrica mayormente basado en generación térmica. Para el 2006, cerca del 50% de la electricidad en Estado Unidos se generó por esta vía. Francia por ejemplo, genera casi el 80% de su electricidad en plantas nucleares, que en términos ambientales representa una generación limpia (al menos en el corto plazo y en cuanto a emisión de gases respecta). Para no ir más largo, Canadá produce un 60% de su electricidad vía generación hidroeléctrica. La generación por este rubro en Estados Unidos alcanza apenas el 8%, según el departamento de energía.

Por ello, y dejando de lado temas como la gestión de áreas protegidas, recursos hídricos y otros recursos naturales, el mayor reto ambiental de Obama consiste en asegurar la transición de una economía basada en los hidrocarburos a una economía de energías limpias.

Aún cuando desde una perspectiva económica de mediano y largo plazo resulta necesario que el gobierno norteamericano reconozca y corrija las externalidades negativas que el actuar de su sociedad le infringe al mundo entero (y esto pasa justamente por la transición descrita), los norteamericanos han aducido por años que un cambio de los procesos productivos y de consumo conlleva costos muy elevados para el sector real de la economía. Y siendo este país el máximo referente económico mundial (si no lo cree, solo siga las noticias cotidianas de las repercusiones de su crisis financiera) estos ajustes podrían conllevar alguna contracción de la actividad económica del orbe.

La apuesta de Obama busca romper con esa lógica: se fundamenta en la denominada economía verde. Se trata de invertir en todas aquellas actividades transversales que lleven a una disminución de la dependencia de la energía fósil. Fomentar la inversión pública y privada en proyectos de energía renovable (hidro, solar, eólica, geotérmica y aprovechamiento de las olas marinas, etc.) permitiría, además de disminuir la dependencia del petróleo extranjero, reducir la presión para explotar reservas que comprometen ecosistemas delicados.

La inversión total en esta materia alcanzaría, según la propuesta de Obama, 150 billones de dólares en diez años y generaría –según cálculos optimistas- hasta 5 millones de nuevos empleos (green Jobs).

También busca promover la renovación de la industria automotriz norteamericana que muestra un claro rezago en cuanto a vehículos de bajo consumo o de combustión híbrida, con respecto a los japoneses y algunos europeos, así como endurecer las normas de construcción para hogares y edificios en procura de infraestructuras más eficientes en el gasto energético, entre otros.

A nivel federal, un proyecto deseable consiste en establecer un mercado de emisiones de CO2 como el europeo, pero que partiría con la ventaja de que luego de dos fases de aplicación, Europa ha vivido un proceso de prueba y error del mecanismo de mercado. Obama y sus asesores en política ambiental pueden considerar así los aciertos y desaciertos, profundamente estudiados por economistas europeos –como la distribución inicial de los permisos y la fijación del total de estos permisos disponibles en el mercado entre otros- y así garantizar un sistema transparente, eficiente y que cumpla el objetivo ambiental.

Todas estas iniciativas se plasman en el programa ambiental de Obama y Bidden y se traducen en ganancias económicas (consolidación de una industria verde, aunque ello conlleve un proceso de “destrucción creadora” de industrias rígidas) y ganancias ambientales.

Sobre estas últimas, la meta consiste en iniciar la reducción sostenida del nivel de emisiones a un 80% del nivel de 1990 para el año 2050. De acuerdo con las conclusiones de la IPCC y del informe Stern de economía del Cambio Climático (CC), este es el aporte mínimo que se necesita de la mayor economía del mundo, para alcanzar un nivel tolerable de emisiones y reducir el potencialmente devastador aumento en la temperatura global de la tierra al 2100. De no hacerlo y continuar bajo la lógica del “Business as usual” (emisiones crecientes) el CC se traduciría en un incremento promedio de entre 3o y 5o Celsius, que implicaría el daño mayor posible para todo el planeta.

Todo un reto para Obama y también un aliciente para la sociedad global: el compromiso del nuevo presidente es actuar para alinearse con la convención marco de cambio climático de las Naciones Unidas y por que no, abrir las puertas a su participación activa en el venidero acuerdo Post-Kyoto. Esto es fundamental, porque lo contrario nos empuja hacia un mañana poco prometedor y ciertamente, “este no es el futuro que ninguno de nosotros quiere para sus hijos”.

Figura: Emisiones per cápita (toneladas anuales) en el mundo, 2006. Fuente: datos del Centro de información y análisis de dióxido de carbono, Departamento de Energía de los Estados Unidos.

2008-10-15T09:38:00.000-07:00

El Aspecto Empresarial del Cambio Climático.

Revista Poder, Octubre 2008.

Es esperable, que una estrategia empresarial de cambio climático termine generando un beneficio neto, seguramente en aspectos ambientales pero también en ganancias para la empresa y la sociedad en general.

No se debe obviar sin embargo, que para una gran cantidad de actividades empresariales, la adaptación y mitigación del cambio climático conlleva un incremento inicial en sus costos de operación.

En términos sencillos, hay bastante consenso en las sociedades actuales respecto de que mantener el modelo de negocios que predominó hasta finales del siglo anterior, primordialmente asentado en costos de producción bajos, no resulta sostenible ni siquiera para las propias empresas.

Por ello, la preparación para los efectos previsibles del cambio climático (adaptación) así como los esfuerzos por reducir la influencia humana que lo acelera (mitigación) –y que por ahora se centran en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el C02- son parte fundamental de las estrategias corporativas de empresas de todos los tamaños y Costa Rica no es la excepción.

En diversos foros realizados durante los últimos meses, empresarios de varios sectores se unen en torno a la visión novedosa del doble dividendo económico-ambiental: es posible obtener ganancias empresariales (dividendo económico) de los esfuerzos por gestionar mejor los recursos naturales y los residuos de toda índole que se derivan de la actividad (dividendo ambiental). Tácitamente, éste fue el leif motiv del Congreso Nacional Turístico efectuado en setiembre.

Algunas empresas costarricenses pioneras en la integración de las variables ambientales expusieron su visión de cómo una relación que por mucho tiempo fue considerada antagónica ha sabido replantearse bajo la óptica del doble dividendo. De esta manera, se presentaron empresas de alquiler de autos que buscan esquemas de compensación de las emisiones de sus vehículos, hoteles que reconstruyen sus instalaciones de manera que sean más eficientes en el consumo de energía y recursos hídricos y operadores que concientizan –y cobran compensaciones- a los turistas por los impactos ambientales y “climáticos” inherentes a su visita.

Y es que pocos sectores funcionan aún bajo la lógica antigua de los “paraísos de contaminación” en los que las actividades económicas buscaban operar con esquemas regulatorios ambientales débiles con el fin de disminuir sus costos productivos.

Por el contrario, parece que la lógica de crear valor agregado a partir de una diferenciación ambiental se consolida. A inicios de los noventa, el afamado académico Michael Porter pronosticó que, siendo que los requerimientos ambientales por parte de los estados en todo el mundo se verían fortalecidos, las empresas que tuvieran la visión para integrar estos cambios de manera voluntaria antes de esperar las normas obligatorias se posicionarían mejor tanto en costos de producción como en el valor agregado de sus bienes y servicios. La visión de Porter desde una perspectiva macroeconómica sugiere así que es posible crear una riqueza verde para los países, mejorando al mismo tiempo la calidad ambiental (y disminuyendo, en el contexto del cambio climático, la vulnerabilidad de la sociedad en general).

Al final de los procesos de adaptación y mitigación -que por supuesto son dinámicos y cambiantes- es probable entonces que se de un beneficio neto para las empresas. Algunos sectores, sin embargo, tendrán una afectación real en el corto plazo; algo que de alguna manera se intenta minimizar en los discursos políticos en nuestro país.

Desde el punto de vista económico esto no solamente es normal, sino que incluso podría considerarse sano. Así como los bancos que hicieron malas inversiones dejarán su espacio a aquellos que han gestionado de manera más eficiente sus pasivos, las empresas que no puedan disminuir sosteniblemente sus impactos en el ambiente están condenadas a desaparecer, especialmente en sociedades más o menos desarrolladas (en sociedades pobres, los recursos para integrar el tema ambiental en rudimentarias estructuras productivas son, evidentemente, secundarios en la lógica de supervivencia diaria).

No hay nada de particular en reconocer este desafío. Estudios efectuados en Europa señalan que la adaptación y mitigación del cambio climático costará en promedio entre 0.25 y 0.5 puntos del PIB europeo durante los próximos diez años. El propio informe Stern de Economía del Cambio Climático estima el costo inicial en un punto (anual) del PIB mundial.

Entonces, no parece correcto tratar de esconder un hecho innegable: para muchos sectores la transformación (deseable para la sociedad) tiene un costo inicial y por el contrario, resulta fundamental que todos los actores, especialmente empresarios y políticos reconozcan que es probable que esta inversión -en algunos casos considerable- no genere retornos inmediatos desde el punto de vista de las ganancias empresariales o del beneficio económico general.

Minimizar este costo inicial o peor aún, no querer considerarlo del todo, puede conllevar al menos dos consecuencias negativas; que el estado no reconozca que debe contribuir mediante políticas de incentivos a mitigar este costo social que afecta al sector real de la economía y al mismo tiempo, que se generen falsas expectativas –sobretodo en relación al plazo esperado de retorno de las inversiones- a empresarios entusiastas que asumen el reto del cambio climático o ambiental en general.

Finalmente, poco tiene que ver el reconocimiento del costo inicial con la recomendación de asumir o no el enfoque ambiental que hemos presentado. Para muestra, las conclusiones del informe Stern: el costo elevado inicial resulta una inversión y el rendimiento esperado es poco menos que la supervivencia de nuestra civilización.

Así, desde el punto de vista de una empresa, el retorno esperado y el plazo para un retorno positivo de sus inversiones ambientales o de cambio climático dependerán de varios factores. Del lado de los costos, la magnitud de los costos iniciales de mitigación y adaptación, su dinámica -posiblemente decreciente en el tiempo- y finalmente su incidencia en sus estructuras actuales (cuanto tenga que modificar la empresa). Del lado de los beneficios, para algunos sectores económicos los esfuerzos ambientales pueden pagarse en un plazo menor cuando sus mercados optan por reconocer y preferir una gestión ambiental integral. Esto pasa por las preferencias de los consumidores, que en los países desarrollados muestran cada vez más una disponibilidad de pago mayor por bienes y servicios verdes o certificados. En el caso de nuestro país se espera que ellos reconozcan en varios sectores (quizá en primera instancia el sector turístico) un valor agregado de “neutralidad climática”.

2008-09-15T09:40:00.000-07:00

Agua: enfoque económico y consideraciones para Costa Rica

Revista Poder, septiembre 2008

Por mucho tiempo se consideró como un recurso inagotable, infinito. El Agua sin embargo, en el curso de los últimas décadas se ha replanteado a nivel global como un recurso cierto renovable, pero agotable.

Esta última deferencia (agotabilidad del recurso) implica una noción de escasez relativa. Esta se puede apreciar en una dimensión intrageneracional -considerando la disponibilidad hídrica en el tiempo y el espacio de las generaciones actuales- o intergeneracional, es decir, tomando en cuenta la evolución de la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.

Entendiendo que se trata de un recurso “escaso”, el agua se convierte entonces, por definición, en un bien económico. El carácter vital del agua no obstante nos conduce a pensar que es un bien que merece un tratamiento especial.

Es por ello que los Estados están llamados a garantizar un acceso mínimo al recurso, especialmente a poblaciones con limitaciones económicas y/o cuya oferta hídrica local se encuentra comprometida por usos rivales en el aprovechamiento del recurso o sencillamente por la disponibilidad natural de agua. Dado el carácter vital del recurso, se ha convenido que el uso prioritario ha de ser el consumo humano.

Para lograr los objetivos de eficiencia en el uso del agua y acceso mínimo equitativo de calidad, la definición de bien económico que se le ha concedido al recurso hídrico ha conllevado la instauración de instrumentos económicos para su gestión. Costa Rica no ha sido la excepción.

Desde 1942, con la promulgación de la Ley de Aguas, se establece un canon por el uso del recurso. Por muchos años este canon permaneció en vigencia, pero en la obsolescencia típica de otras normas en nuestra legislación: el cobro, hasta hace dos años, resultaba irrisorio y el recurso por consiguiente era casi gratuito para todos los usuarios lo que promovía un uso ineficiente del mismo.

Afortunadamente, y con apoyo del sector privado que en aquel momento reconoció la importancia de establecer montos que reflejarán un valor actual del agua, el Canon fue ajustado a inicios del 2006. Este ajuste debe conducir a dos objetivos primarios: un uso más eficiente del recurso hídrico por parte de los usuarios que ahora afrontan un cobro más elevado así como la sostenibilidad financiera del órgano encargado de gestionar ágilmente las concesiones y estudiar la viabilidad de estas.

Hacia el 2003, también el Estado plantea un cobro por los vertidos domésticos, industriales, agroindustriales y comerciales a los cuerpos de agua. Se crea así el Canon por Vertidos que, luego de un estrepitoso camino, iniciará el cobro del mismo en octubre de este año.

Esta herramienta, lejos de ser una originalidad de nuestro país, es un instrumento económico de base en cualquier sociedad que revele preferencias por una calidad ambiental correcta y que se fundamenta en el principio de “quién contamina paga” estipulado en la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

Cierto es que la adición de un costo de descontaminación en el corto plazo significa una afectación en el precio final de los productos (vía costos de producción). Pero, desde la perspectiva económica, este ajuste tanto en los precios como en las cantidades producidas cuando median inevitables vertidos a los cauces de agua, significa una mejora en el bienestar de la sociedad. Además, se busca que por el efecto del cobro se induzcan mejoras tecnológicas en los procesos productivos (y de consumo) lo que debe conducir a una reducción paulatina de la carga contaminante.

Otros instrumentos económicos como el mercado de cuotas de agua (o en nuestro contexto de concesiones) no han sido aún aplicados en nuestro país y posiblemente, por ahora, no sean oportunos sobretodo a nivel de la discusión política que ello generaría.

Los cánones, aunque vigentes hoy día, forman parte también del proyecto de Ley de Recurso Hídrico que por más de 6 años, bajo diferentes textos, ha sido discutido por la sociedad civil y los legisladores de turno. Paralelo a este proyecto, el Ministerio de Ambiente desarrolló la Estrategia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que desembocará, próximamente, en el Plan Nacional de Gestión Integrada. En él se definirá el rumbo institucional y las acciones en materia económica –entre otras- de la administración de nuestro preciado líquido. En una próxima entrega de nuestra sección, discutiremos los alcances del proyecto de Ley así como del Plan Nacional.

El Agua en Costa Rica: datos y hechos.

• Se estima que Costa Rica cuenta con una disponibilidad hídrica de 110 km3 anuales. Esto es, una disponibilidad per cápita de 25,000 m3. De acuerdo a clasificaciones internacionales, Costa Rica se sitúa 22 en el mundo en disponibilidad hídrica por persona. La disponibilidad hídrica sin embargo, varía en el espacio y tiempo. De esta manera algunas zonas en el país cuentan con una buena disponibilidad de agua durante todo el año (caribe) mientras en otras zonas (costa de guanacaste) se conocen periodos de estrés hídrico, sobretodo en la época seca.

• Considerando todos los usos, se calcula que Costa Rica utiliza un total de 25km3 de agua anualmente. El mayor usuario del agua en nuestro país es el sector de generación hidroeléctrica con cerca de 18 km3. La gran mayoría de este aprovechamiento es no consuntivo, es decir, que el agua que se utiliza para generar hidroelectricidad vuelve a los cauces de los ríos y puede ser aprovechado por otros usuarios. Entre los usos consuntivos, el mayor usuario del agua es el sector de Riego agrícola con 3.5km3 por año mientras que en su conjunto, el sector doméstico utiliza 0.5 km3 al año. En promedio, una persona requiere cerca de 55 m3 al año para satisfacer sus necesidades básicas.

• De manera general, los problemas asociados a la dotación de agua en el país se explican por ausencia de infraestructura de almacenamiento y conducción del agua. En términos de la oferta hídrica “natural”, prácticamente todas las regiones deberían tener garantizado un adecuado acceso al agua.

• El problema mayor en la gestión del agua es el tratamiento de los vertidos. En materia de desechos domésticos, se estima que solamente un 3% de la población cuenta con alcantarillado en funcionamiento. En algunas zonas del país, la contaminación puntual y difusa (riego) amenaza tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas (acuíferos). En el caso de estos últimos, la extracción intensiva de agua o la misma contaminación puede resultar en daños irreversibles. El canon por vertidos busca disminuir la carga orgánica contaminante de la mayoría de sectores económicos, pero queda pendiente la incorporación tanto del sector de riego agrícola así como de metales pesados en el canon.

• El Canon por Aprovechamiento, ajustado en el 2006, establece un cobro promedio de 0,98 colones por m3 concesionado en aguas superficiales (hasta el 2005, el cobro promedio era de 0,0007 colones por m3). Un usuario industrial deberá pagar en promedio cerca de 1,030,000 de colones por año a partir del 2012 (hasta tanto el canon establece una gradualidad en el cobro).

2008-08-15T09:43:00.000-07:00

Exploración petrolera en los Estados Unidos:
Análisis global y aplicación a Costa Rica

La solución republicana inmediata consiste en explorar zonas que hasta ahora han permanecido al margen de la extracción petrolífera.

Al profundizar el análisis, la rentabilidad social de la exploración petrolera, desde una perspectiva mundial y de un plazo mayor tiende a disminuir.

Revista Poder, Agosto 2008

Es un dilema que enfrentan todas las naciones a medida que se disminuye la oferta global del oro negro o que las presiones del lado de la demanda elevan el precio de este recurso natural no renovable. ¿Qué estrategias asumir para atenuar el costo económico de un bien que por definición es cada vez más escaso y del cual se tiene una dependencia absoluta para el funcionamiento de nuestras sociedades?

En medio entonces de la coyuntura de precios elevados y en plena campaña electoral norteamericana, republicanos y demócratas debaten sobre las medidas que la máxima potencia económica mundial debería asumir para mitigar el impacto económico de un petróleo caro.

La solución republicana inmediata consiste en explorar zonas que hasta ahora han permanecido al margen de la extracción petrolera con el fin de incrementar sus reservas útiles y de manera general, la oferta de petróleo norteamericano. Una extensa zona ubicada en Alaska ha sido señalada como un vasto reservorio. McCain, siguiendo la propuesta del Gobierno de Bush señala en toda proclama sobre la situación energética que es menester hacer uso de ese potencial.

Esta posición ilustra claramente la lógica que se ha denominado contemporáneamente Business as Usual y que denota un estado de las cosas en el que se procura continuar el status quo de nuestras dinámicas sociales y económicas, especialmente en lo concerniente al aspecto energético.

Obama y los demócratas por su lado, tradicionalmente se han opuesto a la exploración petrolera en Alaska. La principal razón es que la región alberga riquezas naturales que van más allá del botín negro subterráneo; de hecho la zona de mayor potencial petrolífero se ubica justo en la Reserva de Vida Silvestre del Ártico. De ahí la oposición de senadores y congresistas usualmente tildados de “liberales” en el entorno norteamericano.

Desde una óptica simplista podríamos afirmar que en el tanto la exploración petrolera incrementa la oferta natural, el precio tendería a bajar con una demanda constante. A primera vista parecería que Costa Rica, como el conjunto de las naciones importadoras netas de petróleo se vería entonces favorecida en el corto plazo (no puedo dejar de señalar que argumentos similares, aplicables al contexto comercial, han llevado a una reconocida analista internacional a dejar entrever que en general McCain conviene más a Costa Rica).

Desde una perspectiva privada, es lógico por demás que a medida que el precio del crudo se mantenga elevado, la rentabilidad de los proyectos petrolíferos tiende a aumentar, dada la mencionada inelasticidad del lado de la demanda.

De esta forma, proyectos de exploración que hace 3 años no resultaban viables (a inicios del 2005 el precio del barril rondaba los $40) lo son ahora con precios que rondan los $130. Recientes estudios de valoración económica y ambiental para el área protegida del Ártico en Alaska revelan que los costos de exploración y extracción petrolera son inferiores a los beneficios económicos que se generarían (2007; Kotchen) por lo que la explotación del recurso es deseable.

Inclusive al considerar el daño ambiental y otras externalidades negativas -efectuando un análisis de costo beneficio social- la exploración petrolera puede resultar rentable siempre que el rendimiento social de la inversión, impulsado por un precio elevado, justifique la eventual pérdida de calidad ambiental en la zona. Esta conclusión, que se deriva de metodologías de valoración económica, es sin embargo una sola dimensión de un análisis más complejo e interdisciplinario –y sobre todo de decisión política- que debe efectuarse cuando se comprometen recursos naturales y medio ambiente.

La misma lógica debería aplicar para el análisis de la exploración petrolera en Costa Rica, que ya estuvo en discusión a inicios de la década y que sin duda es un tema que será discutido en un futuro muy cercano. RECOPE ha manifestado su interés en aprovechar la cooperación técnica y financiera de China para explorar el potencial petrolífero nacional. Cuando esto ocurra será necesario antes de polarizar el debate en los tradicionales bandos –ambientalistas versus economicistas- contar con una valoración acertada de los daños ambientales, la eventual pérdida de recursos naturales y la afectación de ecosistemas, todo ello ponderado por los diversos riesgos inherentes a la actividad petrolera.

Una particularidad en el análisis que a nivel nacional deberíamos efectuar consiste en determinar la viabilidad regulatoria para traducir una posible oferta petrolera local en una disminución en los precios internos. Esto porque países con una oferta marginal en el mercado de petróleo (el caso de Guatemala por ejemplo) tienen precios de sus derivados –concretamente los combustibles- muy similares a los nuestros. De acuerdo con datos de la SIECA, a inicios de julio de este año el precio promedio (por litro) de la gasolina regular y del diesel en Guatemala era de $1.25 y $1.30 mientras que en Costa Rica los mismos precios se registraron en $1.19 y $1.15 respectivamente. Producir petróleo no implica reducir el precio local.

Dejando de lado esta consideración particular, lo cierto es que a primera vista la exploración petrolera parece una buena alternativa económica. Pero al profundizar el análisis, la rentabilidad social inclusive desde una perspectiva mundial sin duda tiende a disminuir.

Difícilmente un análisis de costo beneficio tenga la capacidad de incorporar las externalidades más allá de un determinado tiempo y espacio: es así como las externalidades globales tales como la emisión de CO2 y su efecto a largo plazo en el cambio climático no son consideradas. El grito de urgencia republicana de más petróleo no sólo no contribuye en nada a mitigar la emisión de gases a efecto invernadero y el componente antropogénico del calentamiento global sino que por el contrario, tiende a desestimular la inversión en nuevas tecnologías y en energías alternativas.

Esto último genera una mayor resistencia al cambio por parte de consumidores y productores, lo que produce (y a su vez es causa) del denominado efecto Business as Usual. Siendo así, la demanda por petróleo, lejos de disminuir tendería a incrementarse y su inelasticidad a perpetuarse. Es posible entonces, que además de las externalidades negativas regionales y globales, los precios no se vean afectados a la baja y la solución republicana sea entonces víctima de su propia medicina.

No se debe olvidar tampoco, que detrás de la oferta mundial de petróleo está una organización de países productores -la OPEP- que controla un 75% de las reservas mundiales. Otro tema relevante en este aspecto es el papel de las grandes multinacionales distribuidoras del crudo. Ellas viven su mayor época de bonanza económica con enormes utilidades y con la posibilidad real de imponer una rigidez a la baja de los precios. Esto implica que cualquier incremento en la oferta de países, sobre todo los no pertenecientes a la OPEP, difícilmente repercutiría sosteniblemente en el precio aún con una demanda constante (es decir, dejando de lado entre otras variables, el componente especulativo en el mercado de materias primas).

Además, dado que se trata de un recurso natural no renovable, el incremento en la oferta hoy implica una disminución más rápida de la oferta a mediano y largo plazo; una mayor velocidad en la extinción del recurso jugará entonces en contra de la capacidad de adaptación de nuestras actividades y a la larga, incrementará los costos futuros de cambiar nuestra dependencia al oro negro.

Las acciones que tomemos hoy, como hemos comentado, tendrán repercusiones globales y temporales quizá de mayor alcance del que podamos visualizar. Las alternativas cortoplacistas, siempre populares en razón de su costo económico inferior deben ser siempre confrontados con la dinámica que generarán en todas las dimensiones para la sociedad global y el medio ambiente de hoy y de mañana.

2008-07-15T09:50:00.000-07:00

Restricción Vehicular:
análisis y alternativas económicas

En determinadas circunstancias, puede resultar ventajoso para un conductor violar la norma y afrontarse a la multa estipulada.

Resulta necesario, en un corto plazo, reemplazar o complementar la restricción con instrumentos económicos, como tarifas de ingreso a zonas definidas. Estas resultan más eficientes y eficaces para atenuar la congestión vehicular, reducir el consumo de combustibles y mejorar la calidad ambiental, todo ello a un menor costo social.

Disminuir la circulación vehicular y el consumo general de combustibles de manera sostenible pasa por la mejora de nuestro sistema de transporte colectivo.

Revista Poder, Julio 2008.

Esencial para el funcionamiento de nuestro sistema económico, de nuestro modo de vida. Así es el petróleo. Hoy más que nunca, en un entorno de alta demanda, especulación bursátil e incierta oferta futura, el mundo paga el elevado precio de su dependencia a este recurso natural no renovable.

Costa Rica por supuesto no es la excepción. Grosso modo, de todo nuestro trabajo y nuestra producción como nación, un 5% se destinó durante el 2007 a pagar el petróleo que importamos. Las últimas estimaciones presentadas por el gobierno sugieren que para el 2008, la factura petrolera alcanzará hasta un 10% del PIB proyectado.

Como parte de un paquete de iniciativas para hacer frente a la escalada de los precios internacionales del crudo, el gobierno decidió reforzar la restricción de acceso vehicular a la capital impuesta desde 2005 -que prácticamente cayó en desuso- y que no surtió efecto por varios motivos. Los recientes decretos del ejecutivo que replantean la restricción vehicular solucionan tan sólo una parte de estos motivos y la eficacia de la medida dependerá de ajustar varios elementos.

En otros países, instrumentos similares se han implementando y las historias de éxito y fracaso se suceden. Descalificar la medida a priori, señalando que esta se ha probado como ineficaz es una afirmación falsa. A la larga, lo que si cabe es preguntarse si las medidas resultan muy costosas para la sociedad en general. Si así fuera el caso, sería necesario un replanteamiento de las políticas públicas para alcanzar el objetivo de reducir el consumo general de combustibles al menor costo social posible.

Per se la restricción vehicular no garantiza ni una disminución importante del número de vehículos en la carretera ni un menor consumo general de combustibles. Para poder cumplir con sendos objetivos, se requiere un diseño adecuado de la norma.

Al menos tres elementos entran en juego en la determinación de la restricción. El primero consiste en delimitar la zona de aplicación. El consenso generalizado es que la zona que cubría anteriormente la restricción vehicular era tan reducida, que fácilmente los conductores la podían evadir y aún así, llegar al mismo destino final. No cabe duda que en este sentido la nueva restricción, más amplia, está mejor diseñada.

El segundo elemento a considerar es el horario. Sobre este punto, el objetivo primario de la medida determinará la franja de aplicación. Así, si lo que se quiere es disminuir las presas en horas pico, la franja de aplicación será más reducida que si se busca frontalmente disminuir el consumo general de combustibles. En una primera instancia, se buscó instaurar un sistema conocido como “pico-placa”, aplicable en las horas de mayor circulación y utilizado en otras ciudades latinoamericanas como Bogotá y Sao Paulo. Dejando aún de lado los costos a los que se afronta tanto los particulares como las empresas, la última ampliación de la restricción a 24 horas es congruente con un objetivo primario de reducir el consumo general de combustibles.

El tercer elemento es la sanción esperada por violar la restricción vehicular. Esta no se compone únicamente de la multa de 5,000 colones (6,500 colones considerando algunas cargas que conlleva la multa) sino también de otros dos factores: la probabilidad que cada conductor considera tiene de ser “atrapado” por un inspector de tránsito e igualmente importante, la relación entre la sanción esperada y los costos en los que incurren personas y empresas por dejar su carro en casa ese día.

Racionalmente, los individuos actuamos con base en incentivos y confrontando, los costos y beneficios de nuestras decisiones. Es así como en determinadas circunstancias puede resultar menos costoso para un conductor violar la norma y afrontarse a la multa estipulada, inclusive de manera sistemática. Para un individuo –o empresa- en particular, esto sucederá siempre que los costos de no circular con su vehículo el día que le corresponde la restricción sean mayores a la multa esperada.

¿Cómo evitar este comportamiento? Básicamente, las autoridades tendrían que definir una multa lo suficiente sancionadora así como hacerle creer a la población que la probabilidad de ser atrapado es muy grande. En síntesis, se requiere una multa mayor a los 5,000 colones actuales y una estrategia de posicionamiento intensivo de los policías de tránsito, al menos durante las primeras semanas.

No se puede afirmar bajo ninguna circunstancia, tal como lo señalara el director de la policía de tránsito, que quiénes violan la restricción son los mismos conductores que manejan a mansalva, conducen ebrios e infringen la ley reiteradamente. No cumplir con la restricción puede obedecer a un criterio racional de enfrentar costos muy elevados o de no contar, siquiera, con alternativas viables como puede ser el caso de algunas empresas que por sus actividades o su ubicación no pueden eludir la zona restringida.

El endurecimiento de las medidas de restricción, aunque deseables desde una óptica de los objetivos de la iniciativa (y también desde una óptica ambiental), conllevan una responsabilidad por parte del Estado. En medio de nuestro ineficiente sistema de transporte público, las alternativas para dejar el carro en la casa parecen poco atractivas para los conductores afectados, especialmente en cuanto al costo en tiempo, en incertidumbre (¿pasará rápido el bus?, ¿habrá taxis disponibles?) y eventualmente en inseguridad.

Por ello, instrumentos de índole económicos deberían ser considerados para sustituir o complementar la restricción vehicular impuesta. En ciudades cómo Londres y Estocolmo por ejemplo, funcionan tarifas de ingreso para acceder a las zonas centrales de la capital. Aunque inicialmente causaron oposición de numerosos grupos (especialmente en Londres), estos instrumentos se han convertido en mecanismos más eficientes y eficaces para disminuir la congestión vehicular, reducir el consumo de combustibles y mejorar la calidad ambiental, todo ello a un menor costo social.

La modalidad de este eventual sistema de precios (un pago único mensual, pagos diarios, etc.) habrá de ser analizada, pero sin duda sería un instrumento más eficiente y más flexible, sobretodo para las empresas que encuentran dificultades en cumplir la restricción vehicular. Por supuesto que la tarifa de ingreso tendría que tener un destino acorde con el objetivo general de reducción del flujo vehicular y reducción del consumo de combustibles: podría trasladarse a un fondo para crear nueva infraestructura vial o para la mejora de la red ferroviaria. Inclusive podría trasladarse al pago de las expropiaciones que serán necesarias para ampliar nuestras posibilidades de transporte colectivo.

Y es que algo debe estar claro: la carencia de un sistema integrado de transporte público atenta contra la efectividad de la restricción y de eventuales nuevos instrumentos. Mas importante aún, disminuir la circulación vehicular de manera sostenible pasa por la mejora de nuestro transporte colectivo y en el corto plazo esto implica tanto la reactivación del tren urbano como la implementación de nuevas rutas de autobuses, como las intersectoriales.

2008-06-15T09:55:00.000-07:00

Economía del Cambio Climático

Revista Poder, Junio 2008

Las variaciones climáticas severas se perfilan como uno de los mayores desafíos que la civilización humana tendrá que enfrentar en los próximos decenios. Los diferentes modelos climatológicos señalan que en el transcurso del siglo la temperatura promedio de la tierra que hoy ronda los 15 grados centígrados se incrementará de 2 a 5 grados. Para tener una idea de la magnitud de tal cambio, basta señalar que en los últimos 500 años, esta misma temperatura promedio se ha incrementado en apenas 1 grado centígrado.

Los cambios en los patrones climáticos, especialmente en cuanto a las temperaturas y precipitaciones, se prevé que generarán una mayor variabilidad y severidad en los eventos naturales extremos (huracanes y sequías en el caso de nuestra región), modificaciones en las estructuras del hábitat humano así como cambios en la dinámica de los ecosistemas y la biodiversidad. Otras consecuencias de índole global son los cambios en las corrientes marinas que regulan el clima entre hemisferios y el derretimiento de los glaciares que producirá un incremento general en el nivel del mar.

Se sabe que la mitigación de los eventuales daños asociados al calentamiento global pasa por la posibilidad de reducir la generación de gases de efecto invernadero a una escala mundial, especialmente la emisión de dióxido de carbono (CO2) y por la capacidad de adaptación de los países a los efectos previsibles del cambio climático. Estas medidas conllevan necesariamente un replanteamiento de las formas en las que producimos y consumimos.

La disminución de las emisiones de carbono en los procesos productivos y de consumo conlleva un aumento de los costos productivos y con ello, un impacto negativo inicial en las economías nacionales. La inversión en adaptación por su parte, implica un sacrificio en términos de recursos públicos y privados que podrían dedicarse a la satisfacción de necesidades más inmediatas. A partir del Informe Stern (2006) se ha estimado que los costos totales de la mitigación y adaptación ascienden anualmente al 1% del PIB mundial.

Desde el punto de vista intergeneracional, sin embargo, el costo beneficio de estas medidas se supone positivo por cuanto aún y cuando resulten costosas, las ganancias futuras serán mayores. Estas ganancias se pueden equiparar a la reversión de algunos de los efectos negativos del cambio climático. Al respecto, el mismo informe indica que de no acometer tales acciones el costo total mundial del cambio climático equivaldría cuando menos a un 10% del PIB global. Esta forma de presentar los costos responde a una valoración económica de los daños pero incluye, entre otros, las pérdidas en vidas humanas, los costos por migraciones masivas forzadas así como posibles daños ambientales.

Los esfuerzos en adaptación y mitigación representan una forma de inversión; una especie de prima que las generaciones actuales estamos llamadas a adquirir en favor de las generaciones futuras para minimizar los riesgos de diversa índole que deberán afrontar.

En seguimiento a estos esfuerzos, muchas soluciones parciales se han presentado hasta ahora a nivel mundial, entre ellas los convenios internacionales (Protocolo de Kyoto), el reemplazo de los combustibles fósiles por biocombustibles y los mecanismos de secuestro de carbono. Todas ellas han manifestado una dinámica de prueba y error: algunas han demostrado tener consecuencias negativas en otras esferas o inclusive generar efectos inversos a los deseados, sobretodo en cuanto a la reducción efectiva de las emisiones de CO2.

Actualmente se reconoce también que el desafío del calentamiento global genera oportunidades de desarrollo de nuevos bienes y servicios así como la expansión de sectores económicos ya existentes que jugarán un papel protagónico atenuando los eventuales daños. Tales son los casos de las industrias de seguros, de construcción y energéticas, para citar algunas. Se debe incluir en esta dimensión positiva la creación de nuevo conocimiento y la rentabilización de nuevas formas limpias de producción, a partir de la imposición de normas ambientales más severas por parte de los estados. En síntesis, la posibilidad de crear una nueva dinámica de crecimiento económico sostenible. Esto sin duda tendería a disminuir el costo o la prima inicial.

Por supuesto que nuestro país debe sumarse a esta nueva dinámica, tomando nota de las lecciones aprendidas internacionalmente, de forma tal que la aplicación de estas medidas sea eficiente, eficaz y con sentido. Y ello implica incentivar al sector privado a actuar con una visión amplia y de largo plazo sobre los potenciales beneficios futuros de la inversión inicial. Es así como el estado y los agentes de mercado –consumidores y productores- deben buscar soluciones integrales, especialmente en el campo de la adaptación a los cambios que afrontaremos.

Costa Rica y el Cambio Climático

• Se estima que Costa Rica produce 5.69 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a 0,02% de las emisiones globales de este compuesto que se estiman en 28.19 billones. En términos per cápita, esto equivale a 1,32 toneladas de CO2 por año lo que representa una tercera parte de la emisión per cápita promedio para el mundo. Estados Unidos, China y la Unión Europea generan respectivamente el 20%, 18% y 16% de las emisiones globales.

• De acuerdo a estudios del Instituto Meteorológico Nacional, las consecuencias más inmediatas (a mediano plazo) en nuestro país serían un aumento general de las temperaturas (de entre 0.5º y 1.5º) y una disminución en las precipitaciones principalmente en la zona del Pacífico Norte. Se prevé por el contrario que en la zona sur del país aumentarían las precipitaciones.

• Algunas iniciativas han sido planteadas a nivel político para afrontar el cambio climático. La mayoría de ellas sin embargo están centradas en la mitigación y reducción de las emisiones, por ejemplo, la neutralidad carbono en el marco de la iniciativa Paz con la Naturaleza. Si bien son importantes, es necesario trabajar en iniciativas de adaptación. En estas últimas se debe enmarcar justamente la gestión adecuada de los recursos naturales afectados por el cambio climático (agua, recursos marinos, biodiversidad).

• Diversos proyectos se desarrollan actualmente, tanto a nivel nacional como de la región centroamericana para determinar la incidencia económica, social y ambiental del cambio climático. Como parte de estas investigaciones, la CEPAL analiza la factibilidad de realizar un estudio marco para la región con el fin de valorar desde la perspectiva económica los costos totales del Cambio Climático.

2007-04-30T05:31:00.000-07:00

Miedo: mañana, tarde y noche.

No podemos medir, hasta que nos posicionamos en una realidad diferente, el deterioro en nuestra calidad de vida que representa el miedo y la inseguridad ciudadana.

Camino por las calles del distrito trece, completamente despreocupado. Voy feliz porque la cena en casa de Boris fue realmente buena…con lo me gusta la comida típica de su región. De pronto me percato de una cosa. No he vuelto a ver atrás. No me causa miedo la moto que se acerca ni la discusión entre algunos jóvenes al otro lado de la acera.

Tengo tranquilidad. Y así, puedo caminar sin prisa, con rumbo a mi casa. Cargo conmigo el celular, la billetera y mi preciado y fino reloj que me han regalado para mi cumpleaños.

Recuerdo cuando estaba con Tania en Trento. Un día nos pegamos una fiesta (sí, con Haiderito por supuesto). Regresamos a casa a las 3am, caminando los 2km que separaban el centro de nuestro pequeño apartamento. Íbamos felices, sin miedo.

Recientemente, con mi amigo Alex en Berlín, tomamos el último metro en Orianenburg. Como diría Cuenca, se le para la peluca a uno de ver tanta gente rayada. Pero es más bien anecdótico. No nos preocupamos, no tenemos miedo.

Es claro hacia donde voy. ¿Sale uno sin miedo en nuestro país? ¿Va uno a San José cargando todas sus pertenencias personales, esas que por vanidad o simple gusto portamos? ¿Tomamos el bus en la noche con toda tranquilidad? Muy dentro nuestro, al sacar el carro, ¿no pensamos en la posibilidad de un bajonazo, ó peor aún…?

Estando en el colegio y durante los primeros años de la Universidad, mi mamá siempre me permitió salir y llegar a la hora que tuviera a bien. Sabía mi mamá que yo era bien portado, que de una fiestilla no iba a pasar. Pero ahora entiendo que no durmiera bien hasta que yo llegara. Con un ojo cerrado y el otro abierto. Y según un día me comentó, con cierto miedo de que sonara el teléfono entrada la madrugada.

Que alguien me diga que todo esto no es un deterioro máximo de nuestra calidad de vida. Quisiera que apreciaran (de seguro algunos lo entenderán) la sensación de sosiego que siento ahora al salir de noche.

Como cualquier ciudad, barrios peligrosos existen. Yo no voy a la Place des fêtes a medianoche, tampoco frecuento La Chapelle a esas horas. Pero hablo de manera general.

Como ustedes saben, yo digo Sí al TLC, me regocijo del aumento en la recaudación tributaria que permitirá por fin disminuir paulatinamente la inflación y me pronuncio a favor de que el ICE renueve ciertos contratos de generadores privados que le costará menos que importar electricidad de Panamá o que gestionan proyectos ambientalmente superiores a las platas térmicas que se van a comprar.

Pero hoy estoy convencido de que nuestro principal problema, lo primordial en la mejora de nuestra calidad de vida es minimizar la inseguridad ciudadana, minimizar el miedo que nos acompaña, que creemos normal hasta el día que salimos de nuestro pequeño país.

¿Qué las causas son múltiples y alambricadas? Claro que sí.

Aun así, estoy persuadido de que no nos tomamos en serio el asunto, que el Gobierno aún no entiende que más allá de la competitividad y el poder adquisitivo, la paz en cada uno debiera ser el primer objetivo de su administración.

2007-04-27T08:34:00.000-07:00

El que contamina paga

La Nación, 27 abril 2007

Dos noticias llaman a la reflexión. Primero, la Unión Europea cerró su mercado a los camarones de cultivo y a las tilapias costarricenses, por considerarlos impropios para consumo humano, debido a la presencia de residuos de metales.

Segundo, en una historia de nunca acabar, el Minae explica la imposibilidad de cobrar el canon por vertidos, instrumento creado en el 2003 y que a la fecha no se ha aplicado.

Hay que reconocer que la primera versión del canon, quizás por apresuramiento de las autoridades ambientales, era técnica y jurídicamente deficiente, pero el Ministerio, con apoyo de algunos sectores productivos, ha puesto bastante empeño en la mejora del instrumento.

No es exclusivo. Lejos está este canon de ser una originalidad del país… Todo lo contrario, se trata de un instrumento económico de base en cualquier sociedad que revele preferencias por una calidad ambiental correcta y que, fundamentado en el principio de quien contamina paga, impone un cobro en relación con la contaminación emitida, en este caso a los vertidos en los caudales de agua. Otros sectores productivos, sobre todo el sector agropecuario, han manifestado su inconformidad con esta herramienta… desde calificarla como una ocurrencia del Ministerio hasta atacarlo, sistemáticamente, en un plano jurídico. Y hoy, a algunos de estos sectores, la situación con la prohibición establecida por la Unión Europea les debe servir de lección. Porque en el fondo no es cierto que estos sectores estén esperando mejoras técnicas del instrumento… simplemente se oponen al concepto del que contamina paga. Han esgrimido que se trata de un permiso para contaminar más… desconocen así que el principio establecido en la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo (1992), es, sin duda, el bastión que ha permitido la internalización de los costos por contaminación en los países con legislaciones ambientales más eficaces.

Valiosa advertencia. El canon por vertidos, cierto, es bastante limitado en cuanto a la medición de materiales no orgánicos, justamente como los metales que la Unión Europea señala en su decisión.

Aun así, se trata de una valiosa advertencia… la calidad ambiental no es solo un ideal romántico. Se convierte, incuestionablemente, en factor mayor de competitividad económica y comercial. Cierto es que en el corto plazo, la adición de un costo de descontaminación significa una afectación en el precio final de los productos y, por ende, la autoridad ambiental debe equilibrar el monto del canon. Pero la negativa sistemática de admitir que el Estado está en su derecho (y deber) de revertir la degradación ambiental es producto de una paupérrima visión de antaño: considerar que el ambiente y desarrollo económico son excluyentes.

Sin duda, el que contamina paga, de una u otra manera…

2007-04-22T05:08:00.000-07:00

Nuestra manera de vivir la democracia electoral.

Me siento en la necesidad cuasi nacionalista de compartir este comentario.

Este domingo se efectuó la primera ronda de las elecciones en Francia. Muchos analistas las califican como las elecciones más importantes en el último cuarto de siglo, entre otra cosa por el cambio generacional que por primera vez se hace latente, al punto que el próximo presidente de esta nación será el primero nacido despues de la segunda guerra mundial. Debemos recordar que en los últimos 26 años, Francia solo ha conocido dos presidentes, Mitterand y Chirac, ambos viejos animales políticos.

Y a la altura de la circunstancias, se constató una participación masiva del electorado francés, cerca de un 85%, incluido por supuesto los ciudadanos franceses que habitan en nuestra Costa Rica…uno de los pasos que sin duda deberá tomar el TSE y su buen presidente el Magistrado Sobrado para las próximas elecciones nacionales (para el referéndum ya es un poco tarde)…todo ciudadano costarricense debería tener la posibilidad de votar. Volvamos sin embargo al tema principal. Afluencia masiva. Decisión clave.

Y así las cosas, decidí darme una vuelta por el distrito quinto de París, para constatar por mí mismo este fulgor...Y aquí me tengo que declarar fuerte tico (a mi entender esto conlleva cierta ingenuidad). ¿Qué raro?…no veo los chamacos gritando, ni banderas, ni carros ochenteros que portan insignias hasta en la mufla. Regreso a la casa y tampoco veo en tele los candidatos votando, es más, ¡no veo en tele nada de las elecciones! ¿Qué pasa? Una noticia irrumpe en el telediario de las 13 horas. Violencia y más violencia en las calles de Nigeria, justamente en medio de las elecciones presidenciales.

Y en medio de todo esto…¿cómo olvidarse de la fiesta electoral que cada cuatro años vivimos los costarricenses? En una democracia cierto imperfecta, pero asentada y además hoy renovada y en vías de una progresión más participativa.

Tendemos a ver las cosas malas de nuestro pequeño país. Yo no me canso de señalar que la inseguridad ciudadano es un causante directo de degradación de nuestra calidad de vida, de quejarme que algunos sectores productivos no quieren aceptar que el Estado tiene el derecho de implementar un canon para que “quién contamine pague"…inclusive me ahüeva que no tengamos tren porque al Incofer lo medio cerraron hace más de diez años. Y nuestro futbol (yo tan fiebre), tan ralito que es. Solo cosas malas.

Pero no. El proceso electoral en Costa Rica, con su clímax ese primer domingo de febrero de cada 4 años, con los carajillos que entre grito y grito se comieron un arroz con pollo malo, con la señora de sesenta años que con visera, se aguanta el sol de verano para indicarnos dónde está la mesa (cuidado se pierde…) y la cobertura maratónica de las televisoras (quizá en este punto difieran de mi; es que yo podría pasar todo el domingo viendo el evento).

Nuestra manera de vivir la democracia, al menos en su dimensión electoral, es única. Deberíamos, porqué no, estar orgullosos.

pd: un detalle final. Segunda vuelta: N.Sarkozy (UMP) vs S. Royal (PS)

2007-04-18T04:23:00.000-07:00

Elecciones en Francia, domingo 22

La República, sábado 21 de abril

Este domingo se celebra en Francia la primera ronda de las elecciones presidenciales. Contrario a otros sistemas electorales, la quinta República diseñó un régimen en el cual la segunda ronda sería inevitable (entre los dos candidatos con mayor número de votos); de esta forma el domingo se juega apenas la primera parte…

¿El panorama? Todos los sondeos dan a Nicolás Sarkozy como vencedor de esta primera ronda, con un porcentaje de votos que ronda el 25%-30%. Sarkozy, ministro del Interior durante el último mandato de Jacques Chirac, representa entonces al oficialismo (UMP). Sin duda personifica el ala derecha dentro del partido de derecha… flexibilidad laboral, liberalismo económico (dentro de lo posible en este Estado omnipresente) y endurecimiento de las políticas migratorias; en el plano internacional se le considera pro-estadounidense, lejos entonces de la posición del propio Chirac que durante 12 años se ha convertido en una especie de contrapeso en el entorno mundial, principalmente por su oposición a la intervención americana en Iraq y su cercanía con el mundo árabe.

Del lado socialista (PS), Segolène Royal tiene la oportunidad de convertirse en la primera mujer presidenta de Francia pero encuentra dificultades para asegurarse su pase a la segunda ronda. Su discurso no convence a la izquierda dura (además tradicionalmente fragmentada: cinco candidatos minoritarios se sitúan a la izquierda del PS) y tampoco parece atraer mucho a los más centristas. Estos últimos han optado en buena mayoría por apoyar la candidatura de François Bayrou, de la UDF. Bayrou se presenta como el candidato anti-sistema, es decir, contra la vieja división derecha-izquierda.

Y por imposible que parezca después de lo acontecido el 21 de abril 2002, fecha trágicamente recordada por los socialistas cuando la extrema derecha (Frente Nacional, FN) obtuvo más votos que el entonces primer ministro Jospin, asegurando una segunda vuelta a la derecha (Chirac vs. LePen), este domingo las opciones del propio LePen no están aún agotadas… si bien los analistas coinciden en que es difícil volver a topar con este octogenario de ideas xenófobas, nacionalistas y anti-europeas en la segunda ronda nadie se atreve a cerrar definitivamente esta posibilidad, pues aún se constata en las últimas semanas una cierta inclinación de los indecisos a su favor.

Esta eventual sorpresa enfrentaría a la extrema derecha con la derecha de la derecha… un escenario que más del 60% de los franceses desea evitar a toda costa. Quizá esta situación termine favoreciendo justamente a la izquierdista Royal a expensas de Bayrou, pues el temor de un segundo 21 de abril pesa sobre buena parte del electorado.

Los últimos días de la campaña han resultado justamente en una lucha de clanes: Sarkozy ha endurecido su línea derechista tratando de seducir los electores del FN mientras Bayrou y Royal se disputan a los electores de centro. Seguramente Sarkozy tiene casi asegurado su pase a la segunda vuelta pero su contrincante se jugará a pocos votos de diferencia… es probable sin embargo que sea Royal.

Si es así, se prevé una segunda ronda extremadamente cerrada. Tradicionalmente la izquierda radical (alrededor del 10% de los votos para esta elección) se une —a regañadientes— al PS. Pero Sarkozy sin duda contará con el apoyo de la gran mayoría de votantes del FN, justamente un 15% de los electores. Así, parece que los votantes centristas (aquellos que votarían por Bayrou, y que podrían alcanzar entre un 15% y un 20%) serán posiblemente la clave para dilucidar quién será el próximo (o la próxima) presidente de Francia.

A seguir…

Election présidentielle sur Le Monde: http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-823448,1-0,0.html

pd: ¡Yo voy con Bayrou!

2007-03-19T16:00:00.000-07:00

Nos dejó el tren…

¿Cómo, cómo? ¿En su país no hay tren? ¿Cómo hace la gente entonces?

Esa fue la primera reacción de Boris, ingeniero francés y compañero mío en la Universidad.

Al principio me pareció divertido, diría uno, típica reacción de un europeo que no conoce más que su entorno. Pero luego su asombro me pareció oportuno para reflexionar sobre cómo las políticas públicas pueden realmente ser obtusas y miopes, para no calificarlas de otra forma más grotesca (y tampoco ser un malpensado).

Es cierto que no cabe la comparación entre las dos horas que se toman para ir de Paris a Lyon (460kms) o de Ginebra a Zurich (250kms), con las mismas dos horas que se toman para ir de San José a Puntarenas (85kms).

La comparación no es válida quizá porque hay condiciones de relieve diferentes o porque Francia y Suiza tienen un PIB per cápita entre 7 y 12 veces mayor que el nuestro (medidos en paridad de poder adquisitivo) o porque simplemente viajan muchas más personas en Francia y Suiza que en nuestro pequeño país (recuerden que Suiza sin embargo, tiene una extensión territorial menor aunque con una población de 7.5 millones de personas). Otras numerosas razones podrán ser esbozadas por ingenieros y economistas.

En realidad no es ese el punto. Sabemos que existen esas diferencias y que nuestro país avanza a paso firme y lento (muy lento y en ocasiones poco firme a mi criterio) a un estado de mayor desarrollo que en muchos aspectos estas naciones alcanzaron.

Pero aún y cuando tenemos rezagos económicos y sobretodo tecnológicos, nada impide que en un futuro alcancemos un nivel técnico y económico que nos permita (quizá no a nosotros pero sí a las futuras generaciones) una modernización sostenida de las vías de comunicación, incluida la ferroviaria.

Sólo que ahora el costo será mayor. Porque hace ya diez años, con la más completa miopía y la carencia absoluta de visión de largo plazo, se le puso candado al Instituto Nacional de Ferrocarriles.

Y con aquella decisión, se termino de consumar el desmantelamiento de la red ferroviaria. Se acabó por supuesta toda obra de inversión y mantenimiento. De todos modos, se pudo haber pensando, “se requería de una inversión muy fuerte”.

El daño esta hecho, no es irreparable (en un horizonte de tiempo más amplio) pero si costoso. Sería importante labor para algún colega economista estimar este costo para la sociedad. Desde diversas perspectivas, una de ellas la producción, pero también desde la perspectiva ambiental (a modo de ejemplo, el tren tiene una eficiencia energética entre 2 y 3 veces mayor que el automóvil) e inclusive, en vidas humanas (el tren es hoy un medio de transporte muy seguro).

Una (penúltima) pregunta. Si no se hubiera desechado en aquel momento el tren como medio de transporte masivo, ¿podríamos ir hoy de San José a Puntarenas en 40 minutos y de San José a Limón en 1 hora? No. Realistamente no.

Lo que si es valido preguntarse es, en cuantos años lo lograremos. Sin duda, hoy tomaremos muchos más años (y más recursos)…¡si es que llegamos! Porqué una decisión política sin mayor análisis hipotecó (casi mató) el futuro del tren, un medio de transporte esencial en las sociedades de hoy.

2007-01-29T13:09:00.000-08:00

Hablando Claro...este jueves 1º de febrero

Estimados amigos. Este jueves 1º de febrero a las 8am (hora Costa Rica)se estrena por Radio Columbia (98.7FM o www.columbia.co.cr)el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (supongo que todos saben que se trata de mi mamá).

Tal y como ya les había comentado, se trata de un programa de entrevistas con actores de primer nivel de nuestra Tiquicia. Se abre un espacio de excelente calidad para que los costarricenses, estemos donde estemos, podamos escuchar y analizar las situaciones más relevantes de nuestro país.

Ojalá que puedan acompañarnos entonces a partir de este jueves 1º de febrero, de lunes a viernes a las 8am (15 horas Europa) por Radio Columbia.

Saludos a todos y todas

2007-01-06T14:32:00.000-08:00

El frío que no llega: visiones del cambio climático.

Jose-Pablo.Rivera-Ibarra@malix.univ-paris1.fr

Normalmente en Paris durante el invierno la temperatura media es de 2 a 4 grados centígrados. Es fácil comprender entonces que los parisinos, a 12 grados, no sientan mucho frío en estos días. “No se debe caer en sensacionalismos ni catastrofismos pero es válido constatar que el TODO el hemisferio norte vive actualmente uno de los inviernos más cálidos jamás registrados”, con esta frase el Instituto de Meteorología de París hace una observación simplemente objetiva: el frío no ha llegado aún. Es más, puede que el frío no se asome del todo en este invierno, pues de acuerdo a los servicios meteorológicos británicos el 2007 será el año más cálido de la historia a escala mundial.

¿El clima está cambiando de la noche a la mañana? Sí y no. Los escépticos consideran que los cambios climáticos son ante todo progresivos y producto esencialmente de ciclos “naturales”, que van más allá de la escala humana. Dentro de esta comunidad, algunos catalogan como irresponsables alarmistas a quienes preconizan un cambio radical en los modos de producción, básicamente referido al aspecto energético y a la emisión de gases. Este cambio forzado (e innecesario en su argumentación) traería consecuencias económicas y sociales muy costosas en el corto plazo para la humanidad en general.

Al Gore, por ejemplo, no cree lo mismo. Pero Gore no es sino la imagen mediática más reciente de este debate. El reporte Stern para el Gobierno Británico señala justamente que este cambio no solo es necesario sino urgente. Y lo cuantifica en un monto estimado en 1% del PIB mundial por año. Ese sería el costo que tendríamos que afrontar para tratar de prevenir, mitigar o revertir los efectos más devastadores del calentamiento global. El no asumir este costo, señalan los climatólogos, equivale a poner en juego nuestra propia existencia y la de las generaciones posteriores lo cual lógicamente supone un costo mayor. Alarmista o no, en Francia por ejemplo se cree mayoritariamente en esta perspectiva. Así, un 49% de los franceses consideran que el cambio climático es el principal desafío de la humanidad durante este siglo, según una encuesta presentada en el diario Le Parisien del 5 de enero.

Dos visiones de mundo, contrapuestas en prácticamente todos los ámbitos. Yo no puedo esconder que la visión escéptica no me simpatiza, por dos razones. La primera es que existe evidencia para afirmar que el aumento generalizado de las temperaturas se compone del ciclo natural, pero que la acción del hombre pesa y en el caso del calentamiento de “este ciclo”, por ahora las acciones de la humanidad han acentuado esta tendencia. Sin lugar ha dudas el calentamiento global, constatado en los últimas dos décadas, se ha acelerado.

Y segundo, quizá más importante, continuar afirmando que es catastrófico cambiar el modelo productivo imperante es tan irresponsable como pretender cambiarlo súbitamente. En este sentido, negarse a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías limpias resulta insostenible, no sólo para la gestión medioambiental, pero también para la competitividad en un mediano plazo. Paralelo a ello, Estado y mercado (productores y consumidores) han de dirigir esfuerzos hacia la concepción e implementación de nuevos instrumentos y herramientas económicas y ambientales; bajo este nuevo paradigma se producirán ciertamente cambios en las economías que sin embargo serán creadores de nueva riqueza.

En Europa, esta es la visión predominante…por supuesto que Costa Rica (Centroamérica en general) no cuenta con las mismas condiciones productivas, económicas y tecnológicas. No justifica estas diferencias, por profundas que sean, el no avanzar en la misma dirección.

Ciertamente este tema por ahora nos puede parecer lejano y no atinente a nuestra realidad inmediata aun cuando cabe preguntarse si la venta de gorritos y guantes en la avenida central pueden denotar cierto “interés” creciente. Mas estemos claro que en un futuro acuerdo de asociación con la Unión Europea este tema estará presente, quizá con mayor fuerza de la que nos imaginamos.

2006-02-28T07:21:00.000-08:00

Histórica revisión
Se hace impostergable una revisión integral del sistema nacional de pensiones
La Nación, 28 febrero 2006

Imagino que por estos días, entre el ajetreo electoral y la vuelta a la normalidad en la vida de los ticos, muchos escribiremos y comentaremos sobre lo que podríamos llamar las pensiones "gemeleadas".

Empecemos por ordenar el asunto. El diputado (que llamaremos diputado 1) sale para ceder la curul a su hermano (diputado 2) que, tras de eso, es gemelo. Digo tras de eso porque, en sus declaraciones, el diputado 1 califica la movida como "histórica", precisamente por el hecho de que son gemelos.

Un costarricense mortal, que no es diputado ni beneficiario de la ley 2248, sino más bien asegurado, a mucha honra, del régimen de invalidez, vejez y muerte, debe cotizar durante 25 años para alcanzar, el 57,5% del promedio real de sus últimos 240 salarios percibidos. Claro que si el asegurado, con mucho estudio y sacrificio logró alcanzar niveles salariales mayores, entonces su pensión se reduce (relativamente) a menos del 50%, aunque es posible que nominalmente goce de una mejor pensión que el primer caso.

Estas cifras pueden alcanzar niveles superiores cuanto más años cotice el individuo o si está dispuesto a postergar su retiro al cumplir 65 años pero en ningún caso, el sacrificado trabajador percibirá el 100% de su mayor salario. Esto, en cualquier sistema coherente de pensiones es simplemente descabellado y, por demás, no financiable en el mediano plazo.a menos que sea con cargo al presupuesto.

Siempre que la pensión que cada persona recibe al final de su vida laboral sea superior al monto cotizado (como es la norma) se debe comprender que alguien está pagando esa diferencia; en el caso del régimen de IVM, este está diseñado de tal forma que las generaciones futuras que contribuyen al sistema financian a las personas pensionadas, que también en su momento financiaron a aquellos que estaban jubilados. En el caso de las pensiones con cargo al presupuesto, los jubilados reciben muchos beneficios a expensas del financiamiento que por medio de impuestos otorgamos todos los costarricenses.

Sentido moral. Cuando en mayo anterior, la CCSS promulgó el nuevo reglamento de pensiones del régimen de IVM, fruto de un año de discusiones y negociaciones entre patronos y trabajadores, se estaba claro que, si bien el régimen es el más importante del país en términos de cantidad de trabajadores afiliados, una reforma integral del sistema nacional de pensiones es impostergable. Si bien no urge en el sentido de urgencia financiera y actuarial lo que movió la reforma del IVM, sí urge en el sentido moral. Para el 2004, se estimaba que en total eran 50.000 personas las beneficiarias de estos regímenes especiales, cuyas pensiones representaban un 18% del total de los ingresos del Gobierno central.

Todo esto lleva a varias conclusiones. Primero, esperar que la moralidad prime sobre la legalidad y, de esta forma, que el diputado 2 reconozca que no es merecedor de un reajuste en su pensión de ¢700.000 por el cambio al minuto 90 y su corta estancia como legislador. Pero, sobre todo, y para dar crédito al diputado 1, que sí podríamos estar en presencia de un evento histórico, el cual sería que los diversos actores involucrados (diputados, magisterio, poder judicial, etc.) muestren una voluntad real de avanzar hacia una verdadera reforma integral al sistema nacional de pensiones, que cierre de una vez por todas estos odiosos portillos, que tienda a crear una convergencia entre los regímenes.y que, de manera global, sean solidarios y justos.

2006-02-13T14:07:00.000-08:00

El hipertenso y el perezoso…de Haití a Costa Rica.
La República, 9 de febrero del 2006

« Llevo aquí más de dos horas, tengo 58 años, soy hipertenso, no puedo estar de pie tanto tiempo”. Con sudor en la frente, consigna el diario francés Le Monde, un elector haitiano mostraba su angustia ante la inagotable fila que debía realizar para ejercer su derecho al voto.

Las imágenes expuestas por las cadenas noticiosas mundiales, revelan un entorno confuso, no solo por las filas, sino también por las condiciones para emitir el voto (algunos debían efectuarlo en plena vía pública ante la carencia de urnas), por la incertidumbre de no saber - por razones muy distintas a las nuestras- cuando se conocerá el resultado de los comicios y por el miedo…el miedo a los disturbios, a la violencia. Por ahora, son tres los muertos que se reportan directamente relacionados con las elecciones presidenciales y legislativas.

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero inevitables. Haití es el país más pobre de América, sumido en la miseria, la desventura y la corrupción que caracterizó a los líderes políticos del pasado. Es un país que, con el apoyo de la ONU y la OEA, apenas gatea hacia la formación de su sistema institucional democrático.

Costa Rica, por supuesto, no está en la misma posición que la nación caribeña (excepto quizá por la corrupción). Formalmente no podríamos comparar nuestro proceso, ya asentado y confiable con estas primeros pasos de la democracia haitiana.

Pero no cabe duda, que las imágenes y los relatos de los comicios en Haití, son tan distintas a lo acontecido en nuestro país el domingo, que al menos nos llama a reflexionar en un sentido.

Es doloroso que bajo el pretexto de la pereza, de la desilusión, y de los acontecimientos develados durante el 2004, una cantidad tan significativa de costarricenses, hayan decidido no participar con su voto en las elecciones. Lógicamente los análisis florecerán en los próximos días. Yo no soy experto en el tema y por tanto, reconozco que mi reflexión puede ser simplista. Reconozco que no tomo en cuenta las razones de fondo que han llevado a nuestro país al 35% de no participación que el domingo quedó al descubierto.

De tal forma, mi comentario está dirigido a aquellos que pudiendo ejercer el sagrado derecho al voto lo transaron por la pereza, por las cobijas o por los partidos del fútbol por cable. Es de reproche hacia aquellos que no valoran que no hay filas, precisamente porque en un país de 2,5 millones de electores hay 6600 juntas receptoras (400 empadronados por junta), que no valoran la ausencia de policías en las mesas y que no valoran la potestad que nos otorga nuestro régimen de expresar con un simple movimiento de muñeca la voluntad que emana desde lo más profundo de cada uno, con base en nuestras convicciones, principios, ideología o el simple y sencillo gusto.

Una vez cada cuatro años, nos vemos confrontados a una decisión país. Y hoy más que nunca, ante la estrechez del resultado, debemos entender que cada voto cuenta. La democracia se ejerce. El que no quiere ejercerla está en su derecho (¿está?), pero no es demócrata, preferiría un poder autoritario, una dictadura. Es además un ser egocéntrico, y ese es, desde mi perspectiva, el peor de los males de nuestras sociedades modernas.

José Pablo Rivera I.

2006-01-27T13:48:00.000-08:00

Fogueos... ¿para qué?

La República, 27 de enero de 2006

Quizá sea porque soy muy aficionado al fútbol. Quizá este artículo se distancie de los verdaderos problemas que afronta nuestro país: la inseguridad ciudadana, la ingobernabilidad, la pobreza que no cede y la desigualdad que en alguna medida aumenta. O tal vez sí tenga algo que ver.

A menos de seis meses para que Costa Rica juegue el partido más importante de su historia, nada más y nada menos que ante la mirada de al menos 2 billones de seres humanos -casi una tercera parte de los habitantes del planeta- nuestra selección tiene calendarizado solamente un partido de fogueo.

Mientras sus selecciones rivales se foguean ante buenos equipos nuestra escuadra está ahí (¿está?), sin nada que hacer. Parece que la lección que nuestros propios jugadores hicieron pública luego del partido contra Francia en noviembre pasado no fue debidamente tomada en cuenta por nuestros dirigentes. Y es que en esa ocasión, los futbolistas expresaron que el único camino para una buena presentación en Alemania era conseguir buenos (y muchos) fogueos.

Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Acaso esperamos que los fogueos caigan del cielo, y que poderosas selecciones hagan fila y paguen millones de dólares para foguearse con las estrellas del Saprissa, la Liga y el Herediano?

No es mi intención menospreciar nuestro fútbol. Si así fuera me ahorraría el tiempo de escribir estas líneas. Confío en nuestros futbolistas y, además, me jacto de ser un buen aficionado, que asiste al estadio, si no con regularidad, al menos sí cuando el equipo está en sus peores momentos, cuando requiere el apoyo de los seguidores.

Conversando con personas en el extranjero uno se da cuenta que la realidad es aplastante. Costa Rica es una nación tan pequeña, tan poco preponderante en el orden mundial, que al pronunciar su nombre muchos piensan en algún lugar exótico de América.

Y ante esta realidad, ¿estamos tomando las acciones del caso para que la máxima vitrina deportiva que se nos ha abierto en la historia, no sea un total fracaso?

De vuelta al inicio. ¿Con fogueos atendemos los problemas de nuestra sociedad, aquellos que son verdaderamente imperativos para nuestro bienestar? Claro que no. Pero ojo, que lo que sí se puede atender es la necesidad de identificación e identidad, de orgullo y pertenencia, de cohesión social, que ocupamos los costarricenses en momentos de decisiones trascendentales en lo económico, político y social.

Por favor, tengamos más claridad, más orden, más transparencia. Costa Rica se merece una buena exposición mundial.

José Pablo Rivera Ibarra

2005-12-02T14:26:00.000-08:00

Aclaraciones objetivas en el tema de los salarios mínimos.
La República, 9 de noviembre de 2006

Con ocasión del último ajuste en los salarios mínimos del sector privado decretado recientemente (6.30%), periodistas de algunos medios de comunicación han provocado confusión en la opinión pública al estimar erróneamente (posiblemente por desconocimiento de la materia) las diferencias entre los ajustes efectuados, la inflación interanual y la inflación proyectada para fin de año.

Ante tanta información errada, creo necesario plantear algunos elementos objetivos sobre la relación entre salarios y nivel de precios durante este año.

En primer lugar, se debe considerar que los ajustes a los salarios mínimos del sector privado se efectúan con anticipación a su efectiva aplicación. Es por ello que el ajuste de 6,30% decretado por el Consejo Nacional de Salarios entrará a regir hasta el 1º de enero del 2006. Es por ello también, que en noviembre del 2004 se decretó el ajuste salarial para el primer semestre del 2005 (6.82%) mientras que en junio del presente año se decretó el ajuste correspondiente al segundo semestre (7.30%).

Al considerar ambos ajustes aplicados durante el 2005 (6.82% y 7.30%), se obtiene un ajuste anual de 14.62% en los salarios mínimos. En este punto es válido realizar una segunda aclaración importante. No es correcto efectuar una suma aritmética (una suma simple) y concluir que el ajuste a lo largo del año fue de 14.12% (6.82% + 7.30%). ¿Por qué? Simplemente porque el ajuste del primer semestre aumenta el salario en la proporción fijada, mientras que el del segundo semestre incrementa el salario que ya fue incrementado por el primer ajuste. Por lo tanto, el considerar la suma simple de ambos ajustes es lo equivalente a suponer que el salario en el transcurso del año fue aumentado en una sola ocasión por el monto de esa suma. La forma correcta de anualizar los ajustes es mediante una suma geométrica, que no entraremos a detallar en este espacio.

Si tal como se espera, la inflación a final del año supera a la del 2004 (13.13%), y llega a, supongamos, un 13.70% (que se ajusta al ritmo actual de variación en el nivel de precios), entonces no es correcto decir, como lo afirman algunas notas periodísticas, “que el ajuste anual en los salarios es superado por la inflación”. De hecho, el 2005, sin considerar los elementos de fondo en el tema de la medición del IPC, registrará una leve recuperación en el salario mínimo real (poder adquisitivo), que se reflejará a inicios del año entrante en el índice de salarios mínimos reales que calcula el Banco Central.

¿Dónde entra entonces el nuevo ajuste de 6.30%? Para medir la “efectividad” de este ajuste con relación a la variación en el costo de la vida tendremos que esperar que concluya el primer semestre del 2006 y así determinar si el incremento salarial fue mayor o menor a la inflación acumulada a junio de ese año.

Los medios de comunicación, tan relevantes y estratégicos en la formación de opinión pública, deben ser cuidadosos a la hora de emitir criterios técnicos. Su credibilidad les obliga a actuar de manera responsable y tomar en cuenta los elementos objetivamente fundamentados por profesionales que sí los conocen.

Jose Pablo Rivera Ibarra

2005-11-28T14:29:00.000-08:00

El marchamo de la U, una alternativa.
Semanario Universidad, marzo 2005

El día en que redacté estas líneas se puso en venta el marchamo del 2005. Por razones que no vienen al caso, no me fue posible solicitar el marchamo a través del Sistema de Estudios de Posgrado, unidad a la que pertenezco, de tal suerte que, decidido a no quedarme sin la tarjetita mágica me animé a la aventura de hacer la fila interminable como cualquier otro estudiante de la Universidad. Saqué la mañana en mi trabajo porque sabía que el episodio podía no ser grato; optimista asumí que al mediodía estaría en mi oficina.

No sucedió así. Me tomó hasta las tres de la tarde salir del húmedo laberinto final en la oficina de Registro. Esto me pasó a mí y a centenares de estudiantes más, todos victimas de la ineficiencia, el desinterés y la apatía de la administración que año con año involuciona en la entrega del marchamo. ¿Cómo es posible que tenga usted que hacer tres filas para que le den un pequeño sticker? ¿Qué decirles a los estudiantes que después de andar corriendo para un lado y para otro dentro del campus se topan con cinco letreros de “cerrado” en las cajas?

A las engorrosas filas, la risa del burócrata a la hora del café y a uno que otro vivo colándose, los economistas podemos endilgarle el calificativo de ineficiencia. Yo creo que en este caso es mejor llamarlo por su nombre, irrespeto.

Y cómo no se vale criticar sin proponer, propongo para el 2006 un nuevo sistema. Este es un esbozo de la idea.

La administración abre un periodo de recepción de solicitudes. Se me ocurre que se podrían clasificar esas solicitudes según un criterio de “necesidad” de marchamo, que podría aproximarse por número de créditos. Así, supongamos que se ponen a disposición 1200 marchamos. Se puede pensar en disponer 600 marchamos para aquellos estudiantes que matriculen 15 ó mas créditos, 400 marchamos para quiénes matriculen entre 7 y 15 créditos, y 200 marchamos para el resto de los estudiantes. Por supuesto que la cantidad de créditos a considerar para la división inicial es de carácter ilustrativo en esta propuesta y merece un análisis más profundo. El sistema tendría la desventaja de considerar solamente el primer semestre, pero igualmente este desequilibrio se da en la actualidad. Ahora bien, es evidente que para el segundo semestre la administración debería revisar la situación de los poseedores de marchamo y verificar, al menos, que sigan matriculados y haciendo uso de las instalaciones.

Dividiendo a los estudiantes en las categorías antes mencionadas, se insertan sus nombres en una bonita tómbola computarizada y bueno, ahí quedaran unos cuantos en el camino. Me parece que este mecanismo es más justo para quienes hacer 8 horas de fila significa un costo mucho mayor. El principio primero en tiempo primero en derecho no puede llevarse al extremo al que se está llegando bajo el procedimiento actual. Y una cuestión a considerar. Si es cierto que podrían quedar personas sin el marchamo a causa del azar…pero es claro que actualmente hay personas que no pudiendo participar en la aventura de horas y colas quedan también por fuera de la repartición.

Se debe considerar también que el monto del marchamo se cancele con la presentación de las solicitudes. Aquel que en la rifa quede por fuera, se le otorgará por ese monto un crédito en el pago de su matrícula. Esto por un lado asegura que el que hace los trámites sea un estudiante (aunque actualmente tal condición debe de cumplirse, los requisitos me parecen fáciles de burlar) e igualmente puede lograr desestimular a quienes tal vez no requieran el marchamo y puedan no estar de acuerdo en desembolsar el monto tan anticipadamente. Eso bajaría la base de solicitantes y aumentaría la probabilidad de quiénes realmente necesitan obtener el marchamo.

Finalmente, a la semana siguiente de la entrega de solicitudes se realizaría la rifa, que puede contar con la presencia de dirigentes estudiantiles y administrativos que fiscalicen la pureza del acto. Por último se dan tres días de tiempo para que los favorecidos retiren sus marchamos en sus unidades académicas. El que no lo haga pierde su chance, e inmediatamente entra el primero que haya quedado en una lista de espera.

Se puede pensar en un futuro en la implementación de marchamos parciales (que sólo sirvan para ciertos días) y marchamos provisionales que incluyan la tarjeta (casos especiales).

La administración anterior hizo un gran esfuerzo por modernizar el sistema de entrada y salida de nuestra sede central. Este esfuerzo es digno de reconocer en el tanto ordenó la circulación por el campus y detuvo fulminantemente el robo de vehículos.

Sin embargo, se debe reconocer que la entrega de los marchamos se ha convertido, desde esa misma administración, en un sistema ineficiente, injusto y grosero para los estudiantes. Seamos honestos entonces y hagamos un esfuerzo por recomponer la situación.

Jose Pablo Rivera Ibarra